Algunas instituciones ubicadas en áreas urbanas pueden recurrir
en gran medida a la comunidad externa para servicios esenciales
como la policía, la protección contra incendios y las
actuaciones en caso de emergencia. La gran mayoría de las
grandes y medianas instituciones establecen sus propios servicios
de seguridad pública en los campus, a menudo en estrecha colaboración
con entidades externas. En muchas ciudades universitarias,
la institución educativa es la mayor empresa y, en
consecuencia, cabe esperar de ella que ofrezca protección a la
población que la sostiene.
Los centros universitarios han dejado de estar alejados de las
comunidades en que se ubican. Se ha ampliado la proporción de
personas que pueden acceder a la formación entre las mujeres,
las personas maduras y los discapacitados. La propia naturaleza
de las instituciones educativas las coloca en una situación de
riesgo específico, pues albergan una población vulnerable en la
que se valora el intercambio de ideas y opiniones contrapuestas,
pero donde el concepto de libertad de enseñanza no siempre se
equilibra con el de responsabilidad profesional. En los últimos
años, las instituciones docentes han registrado un aumento de
los actos de violencia hacia los miembros de la comunidad
educativa cometidos tanto por agentes externos como por
componentes de su estructura. Estos actos han dejado de ser
sucesos extraordinariamente infrecuentes. A menudo, los
campus son escenario de manifestaciones, grandes concentraciones
públicas y acontecimientos políticos y deportivos que
requieren la adopción de medidas para la seguridad y el control
de los asistentes. La adecuación de los servicios encargados de
estas funciones, así como de los planes de respuesta de emergencia
y de recuperación en caso de catástrofe, debe ser objeto
de una evaluación constante y de una actualización periódica
con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad. Hay que
tener en cuenta las tareas de detección y control de riesgos al
establecer los programas de práctica deportiva, planificar las
excursiones y desarrollar diversas actividades recreativas. Son
necesarios servicios médicos de urgencia incluso para las actividades
efectuadas fuera del campus. La gestión de la seguridad
personal mejora con la formulación de programas de información
y educación sobre riesgos.
Deben abordarse las cuestiones de salud pública relacionadas
con la vida en el campus, como el control de las enfermedades
contagiosas, la higiene de los servicios de alimentación y los
alojamientos, y el suministro de agua potable, aire limpio y
terrenos no contaminados. Hay que adoptar programas de
inspección, evaluación y control. La formación del alumnado en
estas materias suele encargarse al personal de servicio a los estudiantes,
aunque los profesionales de la salud y la seguridad en el
trabajo también suelen participar. La educación en materia de
enfermedades de transmisión sexual, consumo abusivo de drogas
y alcohol, patógenos presentes en la sangre, estrés y enfermedades
mentales reviste especial importancia en las comunidades
universitarias, donde los comportamientos de riesgo pueden
aumentar la probabilidad de exposición a los riesgos asociados.
Debe disponerse de servicios médicos y psicológicos.
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