Las industrias aeroespaciales se han visto notablemente afectadas
por el enorme incremento de las normativas en materia de medio
ambiente y de ruidos, que empezaron inicialmente a aplicarse en
Estados Unidos y en Europa a partir del decenio de 1970. La Ley
de Limpieza de las Aguas, la Ley de Limpieza del Aire y la Ley
de Recuperación y Conservación de los Recursos, en Estados
Unidos, y las Directivas correspondientes de la Unión Europea
han originado voluminosas normativas locales para cumplir con
los objetivos marcados en materia de calidad ambiental. Por lo
general, estas normativas fomentan la utilización de la mejor
tecnología existente, ya se trate de materiales o procesos nuevos, o
de equipos de control de los aviones en vuelo más bajo próximos
a aeropuertos. Además, hay asuntos de carácter universal, como
el calentamiento del planeta y la destrucción de la capa de ozono,
que están obligando a que se introduzcan cambios en las actividades
tradicionales: por ejemplo, la prohibición del uso de
productos químicos como los clorofluorocarburos, salvo en casos
excepcionales. La antigua legislación apenas afectó a la industria
aeroespacial hasta el decenio de 1980. El crecimiento constante
del sector y la concentración de actividades en las proximidades
de los aeropuertos y las áreas industrializadas hizo necesaria su
regulación. El sector experimentó una revolución en cuanto a
programas para el seguimiento y la gestión de emisiones tóxicas
lanzadas al medio ambiente en un intento de garantizar la seguridad.
El tratamiento de las aguas residuales procedentes de los
trabajos de acabado de metales y de mantenimiento de aeronaves
se convirtió en algo habitual en las grandes plantas. La segregación
de residuos peligrosos, así como su clasificación, declaración
y su posterior tratamiento antes de ser desechados se instituyeron
como prácticas habituales en sustitución de los rudimentarios
programas existentes. Los programas para la limpieza de vertederos
se convirtieron en asuntos económicos de primer orden
para muchas empresas ya que los costes aumentaron a muchos
millones en cada caso. A finales del decenio de 1980 y principios
del de 1990, las emisiones contaminantes a la atmósfera, que
constituían más del 80 % de las emisiones totales procedentes de
las empresas que construyen y operan con aviones, se convirtieron
en el centro de la atención legislativa. La Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) estableció normas relativas a
las emisiones de los motores en 1981 (OACI 1981).
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