La enseñanza de los oficios a través de un sistema de aprendizaje
se remonta al menos a la época del Imperio Romano, y se
mantiene hoy en día en actividades tradicionales como la zapatería,
la carpintería, la cantería y otras. Esta forma de capacitación
puede tener carácter informal, cuando una persona que
desea aprender un oficio encuentra a un empleador cualificado
dispuesto a instruirle a cambio de su trabajo. No obstante,
la mayoría de los cursos de aprendizaje están reglados y exigen la
celebración de un contrato por escrito entre el empleador y el
aprendiz, que se compromete a prestar sus servicios al primero
durante un tiempo determinado en compensación por la formación
recibida.
Los programas reglados suelen regirse por normativas
relativas a las cualificaciones necesarias para concluir la
capacitación establecidas por instituciones como gremios, sindicatos
u organizaciones de empresarios. En algunos países, estas
dos últimas entidades gestionan directamente los programas, que
suelen consistir en una combinación estructurada de formación
en el puesto de trabajo e instrucción en las aulas.
Sin embargo, en el mundo tecnológico actual, hay una necesidad
cada vez mayor de trabajadores cualificados en numerosas
áreas, como técnicos de laboratorio, mecánicos, maquinistas,
cosmetólogos, cocineros, personal empleado en el sector de
servicios, etc.
El aprendizaje de estas actividades que requieren
una cualificación suele ofrecerse en el marco de programas
de formación profesional desarrollados en escuelas, institutos,
centros politécnicos, escuelas universitarias que imparten
programas bianuales y otras instituciones similares. En
ocasiones, los programas incluyen prácticas en entornos de
trabajo reales.
Tanto los profesores como los estudiantes que participan en
los programas de formación profesional se exponen a riesgos
derivados del contacto con sustancias químicas y agentes físicos,
la utilización de maquinaria y riesgos específicos de cada oficio o
sector. En muchos programas, los alumnos emplean equipos
anticuados donados por las empresas del sector. Son máquinas
que no suelen disponer de las medidas de seguridad actuales,
como resguardos apropiados, frenos de acción rápida, sistemas
de control de ruidos, etc. Con frecuencia, los propios profesores
carecen de una formación adecuada sobre los riesgos de la actividad
y las precauciones necesarias. Además, es habitual que los
centros docentes no cuenten con unos sistemas de ventilación
adecuados y otros equipos de prevención.
Los aprendices suelen enfrentarse a situaciones de alto riesgo
debido a que se les asignan las tareas más insalubres y peligrosas.
A menudo, representan una fuente de mano de obra barata. En
este contexto, es aún más probable que los empleadores
carezcan de la formación necesaria en materia de riesgos y
precauciones propios de la actividad. Los programas informales
de aprendizaje no suelen estar regulados y es habitual que los
aprendices sometidos a estos riesgos y formas de explotación no
tengan posibilidad de recurrir ante ninguna instancia.
Otro problema común a los programas de aprendizaje y la
formación profesional es la edad. El acceso a estas vías de capacitación
suele producirse entre los 16 y los 18 años. La formación
profesional puede iniciarse en los centros de enseñanza
primaria. Los estudios realizados indican que un porcentaje
desproporcionado de las reclamaciones de indemnización por
bajas a causa de accidente son presentadas por trabajadores
jóvenes (con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años).
En Ontario, Canadá, en 1994, el mayor número de trabajadores
jóvenes accidentados desarrollaban su actividad en el sector de
servicios.
De estas estadísticas se desprende la posibilidad de que los
alumnos que acceden a dichos programas no comprendan la
importancia de la formación sobre salud y seguridad. También
es posible que los períodos de atención y los niveles de comprensión
de los alumnos difieran de los característicos en los adultos,
lo que debe reflejarse en su formación. Por último, hay que
hacer hincapié en sectores como el de los servicios, en el que la
salud y la seguridad no han recibido, por lo general, la atención
prestada en otros sectores.
En todo programa profesional o de aprendizaje, debe impartirse
formación sobre salud y seguridad, incluida la relativa a la
comunicación de riesgos. Los profesores o los empleadores
deben poseer una capacitación adecuada en materia de riesgos y
precauciones, para protegerse a sí mismos e instruir adecuadamente
a los alumnos. En el trabajo y en las instalaciones dedicadas
a la docencia deben adoptarse las medidas de precaución
pertinentes.
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