ESCUELAS UNIVERSITARIAS Y UNIVERSIDADES

El gran número y la amplia gama de operaciones y materiales peligrosos que se utilizan en la enseñanza, la investigación y las actividades de servicios auxiliares representan un reto para la gestión de la salud y la seguridad en las escuelas universitarias y las universidades. La propia naturaleza de la investigación conlleva un riesgo: el desafío de los límites del conocimiento y la tecnología actuales. Muchas actividades de investigación en los campos de la ciencia, la ingeniería y la medicina requieren la utilización de instalaciones, tecnologías y equipos complejos y costosos que pueden no estar disponibles con facilidad o encontrarse en una fase inicial de desarrollo. También puede ocurrir que las actividades evolucionen y se transformen sin que las instalaciones en que se llevan a cabo sean modificadas para garantizar su seguridad. Muchas de las actividades de mayor riesgo se efectúan de modo infrecuente, periódico o experimental. Entre los materiales utilizados en la enseñanza y la investigación se encuentran algunas de las sustancias más peligrosas, que presentan riesgos cuya documentación en materia de toxicidad y seguridad es deficiente o nula. Esos materiales suelen ser empleados en cantidades relativamente pequeñas por personal de formación inadecuada y en condiciones que distan de ser las idóneas. Los riesgos en materia de salud y seguridad no siempre son reconocidos de inmediato y con facilidad por el personal académico de alta cualificación, que suele prestar escasa atención a los controles legislativos o administrativos por considerarlos factores que limitan su libertad académica. 

Esta libertad es un principio sagrado, defendido enérgicamente por los docentes, que en algunos casos son expertos en sus correspondientes disciplinas. Las restricciones legislativas o institucionales que se consideran lesivas para el mismo se combaten o incluso se desatienden. La imposición de métodos de detección y control de riesgos para la salud y la seguridad en la enseñanza y la investigación no resulta fácil. El personal docente debe convencerse de que las políticas adoptadas a este respecto apoyan y mejoran su misión fundamental y no la limitan. Estas políticas, cuando se aplican, tienden a proteger la función académica y los derechos individuales, más que obedecer a normas y reglamentos externos. Disposiciones en materia de responsabilidad y rendición de cuentas que impliquen directamente a los profesores y los investigadores pueden tener más influencia que las normativas. En la mayoría de los casos, la legislación, las normas y las directrices sobre salud y seguridad se desarrollan para industrias en las que se utilizan grandes cantidades de un número relativamente pequeño de sustancias químicas, en las que los riesgos están bien documentados y en las que existen procedimientos establecidos y una plantilla estable en el marco de un sistema de gestión definido con precisión. 

El entorno académico difiere del industrial en casi todos los aspectos. En algunas jurisdicciones, las instituciones académicas pueden estar exentas del cumplimiento de la legislación sobre salud y seguridad. En general, los sistemas de gestión de estas instituciones son de tipo jerárquico: el personal docente ocupa los puestos de responsabilidad y los profesionales no académicos, los técnicos y el personal auxiliar se sitúa en escalones inferiores. A menudo, se emplea a tiempo parcial a alumnos licenciados para desempeñar diversas funciones de enseñanza e investigación. Miembros del personal docente son designados para ocupar puestos de alta dirección durante mandatos específicos sin tener la experiencia o la formación suficientes para la gestión. Una rotación frecuente puede dar lugar a una falta de continuidad. En este sistema, los investigadores con más experiencia disfrutan de una autonomía relativa para gestionar sus asuntos, incluso en las grandes instituciones. 

Normalmente, controlan sus propios presupuestos, el diseño de las instalaciones, las adquisiciones, la organización del trabajo y la contratación del personal. Los riesgos pueden pasarse por alto o no detectarse. Una práctica común a los investigadores de las instituciones académicas es emplear a alumnos licenciados como ayudantes en el contexto de una relación maestro/aprendiz. Estos trabajadores no siempre están protegidos por la legislación sobre salud y seguridad. Incluso cuando existe cobertura, suelen mostrarse reacios a ejercer sus derechos o exponer sus preocupaciones a sus supervisores, que pueden ser también los responsables de evaluar su rendimiento académico. Largas jornadas de trabajo bajo una gran presión, trabajo por la noche y en fin de semana con una supervisión mínima y unos servicios auxiliares exiguos son características habituales de su labor. Las iniciativas de ahorro de costes y conservación de la energía pueden llegar a reducir la prestación de servicios como la seguridad y la ventilación por las noches y los fines de semana. Aunque los estudiantes no suelen estar protegidos por la legislación sobre salud y seguridad, la diligencia debida exige que se les dispense la misma atención que a los trabajadores de plantilla.