Sectores público y privado

Los contratistas pueden formar parte del sector público (p. ej., el departamento de obras de un ayuntamiento o de un consejo comarcal). Estos departamentos de obras públicas solían llevar a cabo un volumen considerable de trabajos de conservación, especialmente en viviendas, escuelas y carreteras. Recientemente se ha producido un movimiento a favor de alentar una mayor competencia en estos trabajos, en parte a raíz de las presiones ejercidas con miras a mejorar la administración de los fondos. Ello ha conducido, en primer lugar, a la reducción del tamaño de los departamentos de obras públicas, incluso a su total desaparición en algunos lugares, y a la obligación de adjudicar las obras mediante licitaciones competitivas. Los trabajos anteriormente ejecutados por los departamentos de obras públicas se realizan ahora por contratistas del sector privado en estrictas condiciones de “adjudicación a la oferta más barata”. Ante la necesidad de reducir costes, los contratistas pueden sufrir la tentación de reducir partidas que ellos consideran gastos generales, como los de seguridad y formación. 

La diferencia entre los sectores público y privado también puede hacerse extensiva a los clientes. El gobierno central y local (junto con los servicios públicos y de transporte, si es que están bajo el control de los anteriores) pueden ser clientes de las empresas de construcción. Como tales, generalmente debería considerarse que pertenecen al sector público. El transporte y los servicios públicos regidos por empresas deberían considerarse normalmente como pertenecientes al sector privado. El hecho de que un cliente pertenezca o no al sector público a veces influye en la decisión de incluir ciertas partidas de seguridad o formación en el coste de los trabajos de construcción. Recientemente, clientes tanto del sector público como del privado se han encontrado con parecidas exigencias en esta modalidad de ofertas competitivas.